Gobierno y Generalitat se reúnen con el objetivo de blindar el diálogo

La celebración, este lunes en Madrid, de la comisión bilateral Estado-Generalitat oficializa el inicio de la ruta de diálogo pactada entre los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, en junio. En el encuentro se acordará el traspaso de becas y se amarrarán inversiones ferroviarias largamente reivindicadas por el Govern, entre otros. En un escenario distinto, Barcelona, y con la pausa estival de por medio, se celebrará la mesa que abordará el encaje territorial de Cataluña. La agitación política de la semana deja en evidencia que hay detractores dispuestos a hacerlo saltar todo por los aires. Pero, a pesar incluso de las contradicciones internas, ambas partes trabajan discretamente para blindarlo.

La palabra “confianza” aparece con más frecuencia en los discursos de ERC cuando se hace referencia al Ejecutivo de Sánchez. Cada uno de los dos equipos trabaja desde hace meses en construir un marco de seguridad entre ambos líderes, que permita salvaguardar la vía de diálogo de los exabruptos declarativos o de la trifulca política. Gracias a ese mínimo hilo conductor ha sido posible mantener engrasada la relación en el Congreso y la gestión de los indultos a los líderes del procés. Pero que no es una tarea fácil quedó demostrado el viernes, en la Conferencia de Presidentes, donde el único ausente fue precisamente el líder catalán. Y queda demostrado cada vez que Junts sube el volumen en sus ataques al diálogo.

Voces del PSC y los comunes estuvieron toda la semana recordándole al republicano la incoherencia de hacer bandera del diálogo y no asistir al encuentro en Salamanca. El Gobierno optó por quitarle hierro y puso el acento en que el consejero Jaume Giró rompiera con cinco años de silla vacía del titular de la cartera de Economía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Es una pena”, respondió Sánchez el jueves, cuando se le preguntó por el plantón de Aragonès. Eso sí, La Moncloa cerró en seco cualquier posibilidad de que la gestión de los fondos europeos, uno de los temas estrella en Salamanca, se aborde bilateralmente este lunes.

Se trata del tercer intento de acercamiento entre ambos Ejecutivos desde que Sánchez llegó al poder, tras la moción de censura al PP en 2018. Pero es el primero en que ERC capitanea la Generalitat y puede imponer su voz ante la de sus socios de Junts, críticos con lo que consideran una negociación trampa. No solo porque no ven contrapropuesta posible del Gobierno, sino por sus consecuencias internacionales. Para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, transmite la idea errónea de que el conflicto político está “encarrilado”, según dijo en Catalunya Ràdio.

Otros ojos ven en el avance del deshielo de las relaciones una vía clara a dar privilegios a Cataluña. De ahí que tanto Sánchez como Aragonès optaran en junio por un diseño con dos rutas diferentes y de velocidades distintas. Por un lado, la comisión bilateral, que también tienen las otras comunidades y que está reconocida legalmente. Por otro, la mesa de negociación, sin amparo legal, pero en la que el Ejecutivo defiende que lo que se decida tiene como techo la Constitución. La Generalitat propondrá ahí la celebración de un referéndum de independencia y una ley de amnistía, algo que ya el propio Sánchez ha descartado en otras ocasiones.

Pero incluso el choque de entrada en esas posiciones no desactiva la negociación. “No pedimos el referéndum mañana”, responde la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, a la pregunta de si insistir en el referéndum no era una posición intransigente. La Moncloa cree que su fórmula también tomará tiempo, pero terminará por desarmar al independentismo: ponerse al día con los incumplimientos históricos en inversiones y asegurar que los catalanes también vean al Gobierno central como parte de la solución de problemas cotidianos, como los retrasos en el sistema de Cercanías.

Gestionar mientras tanto

La velocidad de los dos foros permite así a cada una de las partes contrarrestar ciertas críticas. El Gobierno promueve mejoras desde la comisión bilateral, con luz y taquígrafos, mientras que los republicanos sacan rédito de la mesa de diálogo como espacio reservado para el conflicto político, sin dejar de beneficiarse también de las mejoras en el autogobierno. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, recordó el pasado viernes que aún hay 56 traspasos pendientes, entre los que recoge el Estatut y la titularidad de inmuebles de interés. “Lo queremos todo y lo queremos ya”, dijo la consejera.

Junts prácticamente no ha puesto pega alguna en las negociaciones para confeccionar el orden del día de la comisión, aunque centró sus críticas en la negativa a tratar allí el tema de la gestión de los fondos europeos. “Este Govern tiene un mandato del 52%, pero tenemos que gestionar mientras tanto y por eso tenemos que ser exigentes con el Gobierno”, defendió el viernes el vicepresident y líder de Junts en el Ejecutivo, Jordi Puigneró.

Unas declaraciones del vicepresident que, junto con la asistencia de Giró al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el miércoles, chocan con algunas voces significativas de Junts que cargaron contra la negociación. Empezando por el propio expresident Carles Puigdemont: “Los procesos políticos para hacer un país no se pueden decidir en un despacho ni en una mesa de diálogo”, dijo, en un acto en Francia, el eurodiputado huido de la justicia. Y por primera vez desde la investidura de Aragonès se pone en duda el pacto entre independentistas de darle margen de dos años a la mesa de diálogo.

La respuesta de los republicanos llegó por boca de la secretaria general del partido, Marta Rovira. Desde Ginebra, donde también evita a la justicia española, aseguró que romper el calendario pactado debilita la posición negociadora del independentismo ante el Estado. El ruido no beneficia, pero ambas partes saben que los decibelios irán subiendo. Primero, en la negociación de los Presupuestos a lado y lado del Ebro. En el Congreso, Junts afea a ERC que no se avenga a fijar una posición en bloque. En el Parlament, el socio preferente es la CUP, que ya ha hecho toques de alerta sobre “tics autonomistas”. Después, las contiendas electorales: las municipales, donde Junts y ERC se baten en su duelo por la hegemonía local, y las generales en las que las formaciones de Sánchez y Aragonès rivalizarán en Cataluña por ser la fuerza más votada.